QUITO.- La “ayuda especializada” que pueda brindar Estados Unidos a Ecuador, azotado por la violencia y criminalidad, es fundamental para enfrentar “la guerra híbrida” generada por las mafias del narcotráfico en las calles, por los políticos que respaldan la delincuencia organizada y la desinformación que reina en las redes sociales, considera el analista ecuatoriano, Francisco Endara, radicado en Miami como refugiado político.

Hace 10 días la nación andina vivió la cúspide del terror, cuando grupos criminales, relacionados con cárteles de la droga de Colombia y México, desataron una ola de violencia, con una serie de ataques simultáneos que incluyeron la toma de recintos carcelarios, con secuestro de guías penitenciarios, innumerables acciones terroristas, principalmente en la ciudad costera de Guayaquil, la irrupción en vivo de delincuentes armados en un canal de televisión pública nacional y el sicariato el 17 de enero del fiscal César Suárez, quien llevaba el caso por terrorismo de los 11 detenidos por el asaltó a la planta televisiva.

A juicio del Endara, la arremetida narcoterrorista del 9 de enero fue un “nuevo intento de golpe de Estado”, similar al ocurrido en 2019 en contra el expresidente Lenín Moreno (2017 – 2021) cuando se investigaba el caso “Soborno”, por el que se condenó a ocho años de prisión al exmandatario Rafael Correa (2007 – 2017), radicado en Bélgica, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Esta ofensiva criminal, sostiene, fue promovida por “grupos afines al Foro de Sao Paulo”, en respuesta al caso “Metástasis”, revelado por la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar, el 14 de diciembre de 2023, que deja en evidencia la penetración del narcotráfico y la delincuencia organizada en la política e instituciones del Estado, con la compra de jueces, políticos, fiscales, policías y autoridades penitenciarias.

“Es un caso (“Metástasis”) mucho más fuerte, donde se descubren las relaciones que, en última instancia, terminan implicando al socialismo del siglo XXI. Todo el correísmo termina implicado con las relaciones de este narcotraficante (Leandro Norero, alias “El patrón”, asesinado en 2020) o los tentáculos” que tenía en las instituciones, señala el analista, miembro del Interamerican Institute for Democracy, con sede en Miami, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Conexión política – narcotráfico

Estos eventos violentos, menciona Endara, “coincidentemente” se registran en la nación suramericana cada vez que se investiga “un caso importante para el correísmo”. Incluso, así lo anticipó hace un mes la fiscal general, en declaraciones a la prensa en el marco de dicha investigación.

“Hay una conexión innegable entre ciertos grupos de políticos y el narcotráfico, y ahí es donde suceden todas estas cosas”, indica Endara. Agrega que ahora inicia una “campaña súper fuerte a favor de Correa”, en medio de una “guerra híbrida”, en el que la población es atacada “desde distintos frentes”.

Se ve un ataque desde el lado criminal, pero también hay un ataque desde las redes sociales, que busca desmotivar a la población, con noticias falsas y un montón de argumentos bastante torcidos o manipuladores, y un ataque del lado político, que busca ganarse el favor de la gente”, apunta.

En este sentido, considera fundamental la “ayuda especializada” que EEUU le pueda brindar al gobierno de Daniel Noboa, quien mediante el decreto 111 declaró a Ecuador en “conflicto interno armado” y ordenó a las Fuerzas Armadas combatir a las mafias del narcotráfico como organizaciones terroristas, en medio también de un Estado de excepción.

A su juicio, el apoyo en inteligencia es primordial en el país, debido a la política “a favor de la delincuencia” de Correa, que en 2009 desarticuló la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía de Ecuador y expulsó la Base de Manta, que permitía monitorear el tráfico de droga en la costa ecuatoriana y en buena parte de la región.

“Pueden dar ayuda en inteligencia para ver dónde están infiltradas las redes del crimen organizado, en la policía y en el sistema judicial, y pueden ayudar a identificar las bandas y dar con su ubicación”, subraya.

Sin embargo, este no es un proceso fácil, en vista de que la Constitución ecuatoriana de 2008, promovida por Correa, prohíbe la “injerencia militar” de otros países en la nación. Actualmente, la Corte Constitucional evalúa la “constitucionalidad” de un acuerdo firmado en octubre pasado por el expresidente Guillermo Lasso (2021 – 2023), que permitirá profundizar en las relaciones de seguridad y cooperación entre EEUU y Ecuador.

Reformas a una Constitución “pro-delincuentes”

En opinión de Endara, el mandatario ecuatoriano ha tomado las decisiones “adecuadas” para el momento, en el marco de esta política de “mano dura” en contra de las organizaciones narcoterroristas, con la que hasta el 15 de enero había logrado abatir a cinco presuntos terroristas, detener a 1.534 delincuentes, 158 de ellos por terrorismo, y liberar a 201 guías penitenciarios y personal administrativo que estaban retenidos en las cárceles.

Ahora, considera, se debe apoyar al mandatario en la consulta popular que promueve en aras de implementar una serie de reformas al Código Penal y a la Constitución “pro-delincuentes” que implementó el correísmo, que debilitaron el accionar de la policía ecuatoriana y limita el tiempo de las FFAA en la calle.

En la consulta, que actualmente revisa la Corte Constitucional, Noboa propone cambios en el rol de las FFAA, que desde el 9 de enero enfrenta al crimen organizado, también pide incrementar las penas por delitos como terrorismo y delincuencia organizada. Y, en una segunda ronda de preguntas, plantea temas relacionados con la seguridad, como la extradición, extinción de dominio, minería ilegal e indultos a uniformados.

“La consulta popular surge por el ambiente de amenaza y zozobra en el que estaba la gente (…) El Código Penal y la Constitución hecha por el correísmo les cierra el paso (a los cuerpos de seguridad) en todos los ámbitos, por así decirlo, y favorece a los delincuentes”, asevera Endara.

En cuanto al incremento del IVA de 12% a 15% para conseguir los recursos que se necesitan para mantener el estado de guerra que vive Ecuador, asegura que necesita ir acompañado de otras políticas, como la reducción del “Estado tan grande que dejó Correa”, el cobro de las deudas tributarias y el recorte a gastos estatales, como el de algunas publicidades de instituciones gubernamentales.

“Es una situación (el conflicto armado interno) que no se puede alargar tampoco por el tema de recursos, por el tema emocional de la gente y por el desgaste para el gobierno”, enfatiza.

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