El crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador conmocionó al país sudamericano.
Después de que fuera asesinado de tres disparos en la cabeza a la salida de un acto político en Quito la tarde del miércoles, un hombre que fue señalado como el presunto autor material del crimen murió.
Según la Fiscalía de Ecuador, quedó herido durante el cruce de balas y luego falleció en la Unidad de Flagrancia en Quito. Tenía antecedentes penales, ya que previamente había sido arrestado por cargos relacionados con armas, informó el gobierno.
Las autoridades anunciaron la captura de seis presuntos implicados en el homicidio. La detención se hizo a pocas horas del ataque armado tras varios allanamientos en el sureste y sur de Quito. La justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva por 30 días a los seis. La medida, informó la Fiscalía, se tomó tras la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos.
Según dijo el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, los seis son extranjeros y “pertenecen a grupos de delincuencia organizada”, sin especificar a cuáles.
Más tarde, las autoridades ecuatorianas confirmaron a medios locales que tanto el sospechoso fallecido como los seis detenidos son de nacionalidad colombiana, motivo por el cual se ha pedido la colaboración con la policía del país vecino.
A su vez, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó que agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) viajarán al país sudamericano a colaborar con la investigación.
“He solicitado apoyo al FBI para la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia. La Agencia Federal de Investigación e Inteligencia de EE.UU. aceptó nuestra petición y en las próximas horas una delegación llegará al país”, escribió el mandatario en la red social X, antes conocida como Twitter.
Abundante armamento
“Inmediatamente (después del asesinato), todos los ejes policiales se movilizaron para desplegar técnicas investigativas, permitiendo ubicar y allanar varios domicilios en el sector de Conocoto y en el sur de la ciudad”, dijo Zapata.
El funcionario identificó a los sospechosos como Andrés M., José N. Adey G., Camilo R., Jules C. y John R.
El sospechoso que murió tras el enfrentamiento con la policía había sido arrestado previamente por delitos relacionados con armas.
Los detenidos tienen antecedentes penales por distintos delitos y sobre 2 de ellos pesaba una orden de captura por un caso de receptación, es decir, encubrimiento de un delito, según los reportes en medios de Ecuador y Colombia.
“Durante los allanamientos se encontraron un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y un vehículo reportado como robado donde presuntamente se movilizaban los miembros de este grupo delictivo”, agregó.
Zapata añadió que la policía “empleará toda su capacidad operativa e investigativa a fin de poder esclarecer el móvil de este crimen y los autores intelectuales”.
En la misma rueda de prensa, repudió el asesinato de Fernando Villavicencio, al que catalogó como “un crimen político con carácter terrorista”.
La Cancillería colombiana, por su parte, rechazó a través de un comunicado “de manera vehemente” el asesinato del candidato presidencial, y expresó sus condolencias a sus familiares y simpatizantes.
“A nombre del canciller y de todo el Estado colombiano expresamos solidaridad al pueblo ecuatoriano y damos un mensaje de confianza en las instituciones de la hermana República del Ecuador” para que ayuden a “esclarecer los hechos y castigar a los responsables”.
La participación de ciudadanos de Colombia en el crimen recuerda a lo sucedido en julio de 2021 con el presidente de Haití Jovenel Moïse, que fue asesinado en su casa por un grupo que incluía a 26 colombianos y dos haitiano-estadounidenses.
Villavicencio, de 59 años, era uno de los ocho candidatos a la presidencia en las elecciones anticipadas que se celebrarán en Ecuador el 20 de agosto.
El mandato de Lasso debía culminar en 2025, pero en mayo de este año decretó la disolución de la Asamblea Nacional y solicitó la convocatoria a nuevas elecciones, un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, en medio de un juicio político contra el presidente por acusaciones de malversación de fondos públicos.
