Al señalar defectos en procedimiento, el juez Roy K. Altman, rechazó la moción de organizaciones civiles para bloquear la Ley SB 1718 contra inmigrantes mientras avanza el proceso judicial.
El juez de la Corte de Distrito Sur en Florida indicó que no hubo una notificación adecuada sobre la moción enviada este martes 8 de agosto.
“[Se] deniega sin perjuicio la Solicitud 24 [la moción] de medida cautelar preliminar de los Demandantes. […] Aunque los Demandantes certifican que entregaron ‘una copia fiel y correcta de ‘la Solicitud’ a todas las partes registradas por correo electrónico y correo postal, Los Demandados aún no han sido notificados en este caso”, argumenta la decisión, según el registro judicial.
El juez Altman agrega que el demandado no tiene la obligación de responder sobre una moción de la que no tiene conocimiento, por lo cual calificó la petición de los demandantes como “prematura”.
“No se espera ni se requiere que el demandado responda a una solicitud de medida cautelar contenida en una moción hasta que haya sido notificada; por lo tanto, la solicitud de medida cautelar es prematura”, dijo el juez.
La buena noticia es que los demandantes pueden volver a presentar la moción, una vez que hayan notificado a los demandados, lo cual puede ocurrir en los siguientes días.
“Los Demandantes pueden volver a presentar su Moción una vez que se haya notificado a los Demandados”, señala el juez Altman.
La moción fue presentada este martes por el Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union o ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council.
El juez también rechazó que los demandantes, no su equipo legal, puedan proceder judicialmente en forma anónima.
Cabe recordar que la querella judicial fue presentada en nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y varias personas afectadas, incluidos ciudadanos estadounidenses y conductores y pasajeros indocumentados que viajan habitualmente dentro y fuera de Florida.
La justificación del juez Altman fue por el mismo motivo: la notificación de demanda no ha sido efectiva contra los demandados, en este caso el gobernador Ron DeSantis, la fiscal general Ashley Moody, el fiscal estatal de Florida Nicholas B. Cox y las oficinas del fiscal general del estado para los 20 circuitos judiciales de Florida.
“Los Demandantes pueden volver a presentar la Moción para proceder de forma anónima una vez que se haya notificado a los Demandados”, aclaró el juez.
Las organizaciones demandantes pidieron al juez bloquear la Sección 10 sobre la transportación de inmigrantes.
“En su moción, los demandantes le piden al tribunal que bloquee la Sección 10 en su totalidad, porque es una ley estatal inconstitucional que regula la inmigración federal y es inconstitucionalmente vaga”, indicaron los demandantes al dar a conocer la moción.
La denuncia considera que hay problemas de definición en la SB 1718 y contradicciones sobre leyes federales e incluso la Constitución.
“La demanda alega que es inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y someta a las personas a un castigo penal sin un justo aviso”, dicen los demandantes. “También afirmó que el uso que hace Florida del término ‘inspección’ es incoherente e inconstitucionalmente vago”.
