Ciudad de Guatemala, 18 octubre (Diestra).- La Corte de Constitucionalidad (CC) dio un plazo de 6 horas al Ministerio de Gobernación (Interior) y a la Policía Nacional Civil (PNC) para desalojar a los manifestantes que desde hace 17 días impiden el ingreso y salida de trabajadores y usuarios de las oficinas centrales del Ministerio Público (MP) en la capital guatemalteca y en el resto de sus fiscalías.
En una resolución emitida este miércoles, los magistrados señalan que han analizado las denuncias del MP del bloqueo prolongando y sobre el incumplimiento de las resoluciones del alto tribunal para que se desbloquee el lugar y se permitan que los empleados presenten el servicio.
La CC ordena a la cartera del Interior que en un plazo no mayor de 6 horas se habilite el acceso pleno a las sedes del Ministerio Público: Esta es la resolución:
El fallo se emiten en momentos que cientos de guatemaltecos, especialmente vendedores de los mercados, realizan varias manifestaciones en la capital y se dirigente precisamente a la sede central del MP a expresar su respaldo a 48 Cantones de Totonicapán, que desde el 2 de octubre bloquea carreteras y los alrededores de la fiscalía en demanda de la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Durante el tiempo que llevan las protestas, la jefa del MP solo ha aparecido en un video divulgado en redes sociales en la que exigió el fin de los bloqueos, los cuales calificó de «ilegales».
Dirigentes de 48 Cantones afirmaron este miércoles que no impiden el ingreso ni salida de los trabajadores del MP y que si ellos no llegan a trabajar «es otra cosa». «Aquí están libres las puertas, no tienen candado», aseguraron en una conferencia de prensa.
Además, informaron que en una reunión sostenida con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, el pasado 13 de octubre, el jefe de Estado les dijo que tenía 3 días de no saber sobre el paradero de la fiscal general.
«Eso quiere decir que no está llegando a trabajar, es un abandono de trabajo y sería una causal para destituirla», señaló el dirigente de la agrupación indígena, la cual reiteró que no levantarán los bloqueos hasta que logren el objetivo de la renuncia de Porras, del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y del juez Fredy Orellana.
Los funcionarios son señalados de atentar contra la democracia al intervenir en el proceso electoral con el propósito de impedir la investidura, el 14 de enero de 2024 para un periodo de cuatro años, del académico Bernardo Arévalo, quien fue electo presidente en el balotaje del pasado 20 de agosto.
En las cercanías de la sede central del MP ya hay presencia de los agentes antimotines de la Policía a la espera de recibir las órdenes para desalojar a los manifestantes.
