Redacción Semana
Un artículo publicado en el portal República, de Guatemala, lanzó una fuerte crítica en contra de diversos grupos y personas “con clara línea de izquierda”, los cuales “tomaron como bandera la narrativa anticorrupción y han promovido la ‘franquicia CICIG’”, en países como El Salvador, Honduras, y Colombia.
De acuerdo con el artículo, estas mencionadas entidades se forman con la bandera de la lucha contra la impunidad, “pero luego, con la intención de alinear sus intereses con las comisiones, la izquierda cambia el discurso de impunidad por corrupción”.
En ese sentido, explicó que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) no murió en 2019 en el momento en que el presidente Jimmy Morales no siguió con su mandato.
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Esto, puesto que el exjefe de la CICIG, y actualmente ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, “busca replicar el experimento en su nación y otros países. Junto con el abogado Alfonso Carrillo, fundaron la Corporación Justicia y Democracia para que, en sociedad, alcancen sus fines ideológicos y económicos”.
Este modelo, particularmente en Honduras, tiene como líderes a exfuncionarios de la CICIG. Tal es el caso de la abogada guatemalteca Ana Gabriela Contreras y el italiano Amérigo Incalcaterra.
Ellos han sostenido varios encuentros con autoridades hondureñas. También destaca el abogado Arturo Aguilar, quien se desempeñó como asesor político de la CICIG, junto con la exfiscal Claudia Paz y Paz.
Del mismo modo, hizo parte de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y en la Seattle International Foundation (SIF), y hoy en día es director para Centroamérica de la Rockefeller Brothers Fund.
Y todo comenzó con la cuestionada Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que tuvo el aval de la OEA, que estuvo allí entre 2016 y 2020.
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Mientras que el gobierno izquierdista de Xiomara Castro actualmente lleva a cabo la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
La CICIG funcionó en Guatemala por 13 años, donde tres comisionados estuvieron a la cabeza, y tenían como objetivo la lucha contra grupos criminales paralelos al Estado, pero muchas de sus acciones se hicieron con fines políticos.
Sin embargo, la que mayor cantidad de dudas generó fue la de Velásquez, pues en su búsqueda de mejorar la imagen de la exfiscal Thelma Aldana, quien estaba en la carrera por la Presidencia del país, “cometió diversas ilegalidades –violación a debido proceso, entre otras– que hasta la fecha tienen repercusiones en el sistema de justicia y el desarrollo de Guatemala”.
Allí Velasquez trabajó con abogados, investigadores y policías de Colombia, quienes trabajaron con él, mientras fue magistrado auxiliar, y de Guatemala contrató a mandatarios ligados a organizaciones de izquierda, como la Fundación Myrna Mack.
Al ahora minDefensa colombiano lo señalaron de trabajar con grupos de izquierda y operar de acuerdo con esos intereses políticos;” el tiempo confirmó lo que se dijo, pues es el funcionario de más confianza del presidente y exguerrillero Petro. Es tal su influencia, que su mano derecha en la CICIG, Luz Adriana Camargo Garzón, fue nombrada fiscal general de Colombia”.
Por tal motivo, el medio señala que: “La izquierda eleva la voz de lucha anticorrupción y sigue promoviendo la ‘franquicia CICIG’, pese a las irregularidades cometidas en Guatemala”.
Y resaltó que: “Estos grupos viven y operan con financiamiento de entidades como Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Seattle International Foundation y Open Society Foundation, por citar algunas”.
Pero sus más altos dirigentes, “como el caso de la CICIG, gozaron de inmunidad y trataron de ser intocables, incluso de sus propios empleados, como el caso de la hermana de Ochaeta, que durante 7 años reclamó sus derechos laborales por despido injustificado”.
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