Ningún poder constituido, de facto o nacido de la complacencia puede colocarse por encima de la Constitución ni utilizar las instituciones para satisfacer intereses particulares. Los gobiernos cambian, los funcionarios pasan y las alianzas terminan; el Estado de derecho, en cambio, debe quedar cada día más sólido.
Una publicación del Centro de Estudios del Poder para Diestra La Revista
New York.- Lo que ocurre alrededor del sistema informático de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala no debería reducirse a una discusión sobre servidores, plataformas o páginas temporalmente inaccesibles. Estamos hablando del tribunal encargado de preservar el orden constitucional y, por ello, cualquier incidente que pueda afectar la consulta, trazabilidad, disponibilidad o seguridad de su información exige explicaciones completas. Pero existe un elemento que convierte el episodio en algo todavía más inquietante: días antes de que la dimensión del problema informático fuera públicamente conocida, una persona vinculada a sectores de poder había advertido en sus redes sociales que la jurisprudencia de la CC no podía consultarse. Esa coincidencia no demuestra por sí misma ninguna irregularidad, pero abre una pregunta periodísticamente inevitable: ¿qué sabía, cómo lo sabía y quién más conocía lo que podía ocurrir?
La primera posibilidad merece una explicación técnica: si dentro de la institución existían advertencias sobre vulnerabilidades, fallas o riesgos y estas no fueron atendidas oportunamente, corresponde determinar quién las recibió, cuándo fueron conocidas y qué acciones se tomaron. Si existieron alertas y nadie reaccionó, deberá establecerse si hubo negligencia y las responsabilidades correspondientes. Pero existe una segunda posibilidad que también debe descartarse con evidencia: que información sobre las dificultades del sistema hubiese circulado fuera de la institución antes de ser conocida públicamente. En ese supuesto, la pregunta adquiere otra dimensión: ¿cómo llegó esa información al exterior y quién tuvo acceso anticipado a ella?
Cuando aparecen las pirañas
Es precisamente durante los momentos de confusión institucional cuando aparecen las que podríamos llamar las pirañas del poder: operadores políticos, jurídicos o económicos que encuentran en una crisis una oportunidad para intentar avanzar intereses que, en circunstancias normales, enfrentarían mayores controles. No afirmamos que eso haya sucedido en la Corte de Constitucionalidad; advertimos que el contexto obliga a impedir que pueda suceder. La transparencia es precisamente el instrumento que permite separar una coincidencia de una operación y una falla tecnológica de una eventual intervención interesada.
La preocupación aumenta cuando alrededor de la justicia constitucional existen expedientes y decisiones que afectan intereses políticos importantes. Allí no debería importar quién es amigo del Gobierno, quién pertenece a la oposición, quién ayudó a construir determinada alianza ni quién considera tener derecho a cobrar antiguos compromisos. Tampoco importa quién sea presentado coyunturalmente como héroe o adversario. La Constitución no tiene amigos, padrinos ni protegidos.
Por eso hay una pregunta que la Corte debería responder con absoluta claridad: ¿permanecen íntegros todos los expedientes, resoluciones, registros, fechas, movimientos y respaldos existentes antes, durante y después del incidente informático? No basta con asegurarlo. En una situación que afecta la confianza pública, debe poder demostrarse técnicamente.
Una auditoría informática independiente permitiría establecer una línea de tiempo: cuándo comenzó la anomalía, cuándo fue detectada, quién fue informado, qué sistemas resultaron afectados, qué accesos se registraron, qué medidas se adoptaron y si existe alguna alteración de información. Una investigación de esa naturaleza también protegería a los propios funcionarios de la Corte frente a acusaciones sin fundamento. La transparencia no condena anticipadamente a nadie; permite establecer qué ocurrió.
Ningún poder puede secuestrar la Constitución
Pero detrás del problema tecnológico aparece una discusión mucho más importante para Guatemala.
Existen poderes constituidos, aquellos que reciben autoridad de la propia arquitectura del Estado. Existen también poderes de facto, capaces de influir sin haber recibido un mandato ciudadano. Y existe una tercera categoría particularmente peligrosa: el poder que nace de la complacencia, cuando funcionarios o instituciones empiezan a interpretar que deben corresponder favores, alianzas, apoyos o compromisos adquiridos durante el camino que los llevó hasta una posición pública.
Ninguno de esos poderes puede apropiarse de la Constitución.
Un magistrado no debería preguntarse quién promovió su designación antes de resolver un expediente. Un juez no puede administrar justicia dependiendo de quién gobierna. Una institución no puede modificar su comportamiento dependiendo del poder político predominante. Y un gobierno tampoco puede considerar que las instituciones que coinciden con sus posiciones le pertenecen.
Porque allí comienza el deterioro del Estado.
La subordinación institucional a un proyecto político puede parecer conveniente mientras gobiernan aquellos con quienes se simpatiza. El verdadero problema aparece después: el precedente utilizado hoy para beneficiar a los nuestros puede ser utilizado mañana por otros para perseguirnos a nosotros.
Esa es precisamente la razón por la cual existe la Constitución.
Los gobiernos pasan
Bernardo Arévalo terminará su mandato. Como terminaron los gobiernos anteriores y terminarán los que vengan después. Los magistrados serán sustituidos. Los diputados cambiarán. Los partidos crecerán, desaparecerán o serán reemplazados. Los grupos de poder modificarán sus alianzas y quienes hoy caminan juntos posiblemente mañana estarán enfrentados.
El Estado debe permanecer.
Y debería permanecer más fuerte después de cada gobierno, no más débil.
La verdadera medida de una democracia no consiste únicamente en celebrar elecciones. También consiste en entregar al siguiente gobierno instituciones más independientes, procedimientos más transparentes, mejores controles y una justicia menos vulnerable a las presiones del poder.
Por eso resulta particularmente peligroso acostumbrarnos a justificar irregularidades dependiendo de quién resulte beneficiado. Si una acción es incorrecta cuando perjudica a nuestro sector, también debe serlo cuando lo beneficia. La defensa de la Constitución comienza precisamente cuando estamos dispuestos a exigir que también limite a aquellos con quienes coincidimos.
La justicia no puede servir al héroe
Guatemala ha repetido durante generaciones la aspiración de una justicia pronta y cumplida. Hoy deberíamos agregar otra condición: independiente.
No puede existir justicia constitucional diseñada para servir al héroe del momento.
Los héroes políticos son temporales. Las instituciones deben sobrevivirlos.
Por eso cualquier intento —real o supuesto— de aprovechar una crisis informática para obtener ventajas sobre expedientes debe investigarse y descartarse mediante evidencia. Y cualquier persona que hubiera tenido conocimiento anticipado de una situación relevante debería poder explicar naturalmente cómo obtuvo esa información. Preguntar no significa condenar. Negarse a preguntar sí significa renunciar a una responsabilidad democrática.
El incidente informático puede terminar siendo únicamente eso: un incidente informático. O puede revelar fallas administrativas que deberán corregirse. Precisamente por eso necesitamos conocer los hechos antes de establecer conclusiones.
Pero hay algo que no necesita esperar ninguna investigación:
la Constitución de Guatemala no puede convertirse en instrumento de ningún grupo de poder.
La alerta
Guatemala atraviesa un momento en el que la fortaleza de sus instituciones debe medirse no por su cercanía con determinado gobierno, sino por su capacidad para resistirlo cuando sea necesario.
Un Estado constitucional funciona precisamente así.
El Ejecutivo tiene límites.
El Legislativo tiene límites.
Los tribunales tienen límites.
Los poderes económicos tienen límites.
Los grupos políticos tienen límites.
Y también deben tenerlos aquellos poderes que operan desde fuera de las instituciones.
Nadie recibió las llaves de la República.
Por eso nuestra alerta trasciende este episodio y a sus protagonistas:
ningún poder constituido, ningún poder de facto y ningún poder nacido de la complacencia puede dañar a un país manipulando su Constitución o subordinando sus instituciones.
Los gobiernos cambian.
Los funcionarios pasan.
Los padrinos desaparecen.
Las alianzas terminan.
Pero el Estado de derecho debe sobrevivir a todos.
Y no solamente sobrevivir: cada gobierno debería dejarlo más sólido que como lo recibió.
Las pirañas del poder pueden creer que una crisis representa una oportunidad. Pueden acercarse cuando el agua está revuelta y pensar que el desconcierto institucional les permitirá avanzar.
Pero deberían recordar algo:
las pirañas deben saber que el tiburón mayor las acecha.
Porque al final la pregunta verdaderamente importante no es quién gana esta batalla política.
La pregunta es:
¿quién defiende la Constitución?
Diestra La Revista
Centro de Estudios del Poder — USA, 2026
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