La Opinión
A partir del 1 de julio entra en vigor la Ley SB 1718 en Florida, la cual contempla varias disposiciones para evitar que inmigrantes indocumentados se asienten en la entidad, pero defensores de derechos civiles advierten que la disposición criminaliza a estas personas.
“En un estado tan diverso como Florida, este proyecto de ley pone en riesgo a muchas personas”, dice la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). “Incentiva la elaboración de perfiles raciales de una variedad de floridanos y crea un entorno de ‘muéstrame tus papeles’”.
La Ley SB 1718 exige a empleadores con más de 25 trabajadores a utilizar el sistema E-Verify; pide a los hospitales que trabajan con Medicaid a preguntar por el estatus migratorio de pacientes; desconoce las licencias de conducir emitidas por otros estados a indocumentados, y criminaliza a quienes transporten a indocumentados hacia Florida.
ACLU dijo en mayo, cuando el gobernador Ron DeSantis promulgó la ley, que la ley provocará afectaciones en distintas áreas, “criminalizando a los floridanos”, ya que los castigos no son solamente para inmigrantes, sino para quienes los ayuden.
“[La ley] busca activamente criminalizar a los floridanos, perjudica a las empresas y a nuestra economía, y socava nuestro sistema de salud pública”, dice ACLU.
Se estima que unos 800,000 inmigrantes indocumentados viven en Florida, adicional a aquellos que tienen alguna protección migratoria, como Green Card o Estatus de Protección Temporal (TPS).
“Casi el 20 por ciento de los floridanos son inmigrantes: un proyecto de ley que daña directamente a una quinta parte de nuestra población no tiene cabida en nuestro estado”, dijo ACLU. “En pocas palabras, este proyecto de ley es vergonzoso”.
