Ciudad de Guatemala, 14 marzo (Diestra).- Los cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalados por el Ministerio Público (MP) de una supuesta compra anómala de un sistema para la transmisión de los resultados de las elecciones celebradas en 2023 en Guatemala, se presentaron este jueves de forma voluntaria ante la justicia.
Se trata de Irma Palencia, expresidenta del TSE, y los magistrados Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera.
Los cuatro abandonaron Guatemala una vez el Congreso los despojó de su inmunidad el 30 de noviembre pasado, luego de ser denunciados por la supuesta adquisición anómala del sistema de Transmisión Preliminar de Resultados Electorales (TREP) utilizado para los comicios de 2023.
Los magistrados se presentaron voluntariamente al Juzgado Duodécimo de Primera Instancia Penal, el cual está a cargo del caso, y la jueza Karen Chinchilla deberá definir su futuro y el día en el que deben rendir su primera declaración.
Sobre ellos pesa una orden de captura solicitada por la fiscalía. Hasta ahora se desconoce en qué país estuvieron los magistrados y cuando retornaron a Guatemala para someterse a la justicia.
Los magistrados habrían enviado en enero de este año un memorial a la jueza Wendy Coloma, titular del Juzgado Undécimo Penal, en la que le solicitaron anular las órdenes de captura en su contra y que los citara para la primera declaración.
La actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, también se presentó a la judicatura para expresar su respaldo y apoyo a los magistrados.
Como presidenta del TSE, Irma Palencia estuvo al frente del proceso electoral celebrado el año pasado en Guatemala. La sorpresa de las elecciones generales del 25 de junio fue el segundo lugar del progresista Bernardo Arévalo candidato presidencial del partido Movimiento Semilla.
En la segunda vuelta del 20 de agosto se enfrentó a la candidata Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la derrotó en las urnas. Desde el 14 de enero Arévalo asumió la Presidencia para un periodo de cuatro años, luego de varios intentos del Ministerio Público (MP) por revertir los resultados electorales.
Su partido, sin embargo, está suspendido temporalmente y los más de 20 diputados que ganó al Congreso fueron declarados como independientes.
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