Gee determinó que la supervisión judicial especial puede cesar en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), que se encarga de los menores tras su detención por la Patrulla Fronteriza. Esta resolución llega en un contexto de crecientes desafíos en la frontera.
Desde octubre de 2023 hasta mayo de 2024, Estados Unidos registró la entrada de 83.047 menores no acompañados y 4.077 menores acompañados por adultos, sumando un total de más de 87.000 niños en solo siete meses, según los datos de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Este flujo migratorio ejerce una presión considerable sobre las instalaciones y recursos del HHS.
El Acuerdo Flores de 1997, que estableció la supervisión judicial para asegurar condiciones adecuadas en los albergues, ha sido una piedra angular en la protección de los derechos de los menores migrantes. El Departamento de Justicia argumentó que las nuevas salvaguardias, que entrarán en vigor el lunes, cumplen y en algunos aspectos superan las normas del Acuerdo Flores. La jueza Gee estuvo de acuerdo en gran medida, pero hizo excepciones para instalaciones destinadas a niños con necesidades más complejas.
«Es decepcionante y prematuro permitir la rescisión parcial antes de que el gobierno federal haya establecido una alternativa a las protecciones cruciales que ofrecen las licencias estatales», sostuvo la subdirectora de litigios de Children’s Rights, Leecia Welch. Además, subrayó la importancia de mantener mecanismos de supervisión independientes para asegurar el bienestar de los niños migrantes.
A pesar de las críticas, el gobierno de Biden sostiene que las nuevas normativas del HHS, que incluyen la creación de una defensoría independiente y el establecimiento de estándares mínimos en albergues temporales de emergencia, son suficientes para proteger a los menores. Estas medidas también formalizarán avances en los protocolos de revisión para la entrega de niños a familias y patrocinadores y para la provisión de servicios legales.
De las 13.093 camas operadas por el HHS, más de la mitad están en Texas, estado que ha sido particularmente afectado por el aumento de menores no acompañados. La jueza Gee rechazó la sugerencia de dejar de albergar a niños en Texas y Florida, calificándola de «impráctica y potencialmente dañina» para los menores.
«Aunque parece que se tratan de medidas similares a las del Acuerdo Flores, los abogados argumentan que se eliminaría la supervisión de terceros para los centros que albergan a niños, lo cual es problemático dado que este gobierno no ha podido manejar adecuadamente la crisis migratoria, afectando la entrada masiva de menores por la frontera», precisó la abogada experta en migración, María Herrera Mellado.
El fallo de la jueza Gee marca un punto de inflexión en la supervisión del cuidado de los niños migrantes, y su impacto se sentirá en los próximos meses mientras se implementan las nuevas normativas y se evalúa su efectividad en la protección de los menores más vulnerables en el sistema de inmigración de Estados Unidos.
FUENTE: Con información de AP
