Ciudad de Guatemala, 7 mayo (Diestra).- Once miembros del Congreso de Estados Unidos denunciaron el uso indebido de la influencia de la Administración del país en los asuntos del Organismo Legislativo de Guatemala, en una carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken y a la administradora de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.
En la misiva, a la que Diestra la Revista tuvo acceso, los congresista señalan que «este uso indebido (de la influencia) atenta contra el libre ejercicio de la democracia de los miembros del Congreso guatemalteco y sirve para socavar el apoyo a los Estados Unidos en Guatemala y en la región».
Según ellos, los funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. y de USAID «no tienen autoridad legítima para presionar cambios ideológicos en Guatemala que comprometen su Constitución o valores profundamente arraigados en materia de la vida y la familia».
Además, las herramientas sancionatorias no deben utilizarse para obligar a los legisladores guatemaltecos a votar de una forma u otra. Tal acción es una violación de los principios de soberanía y democracia, aseguran.
La misión del Departamento de Estado de los Estados Unidos es «proteger y promover la seguridad, la prosperidad y la valores democráticos y dar forma a un entorno internacional en el que todos los estadounidenses puedan prosperar», dice la carta.
La misión de USAID es «promover y demostrar los valores democráticos en el extranjero, y promover una vida libre y un mundo pacífico y próspero», todo lo cual se hace «en nombre del pueblo estadounidense».
Cuando el Departamento de Estado o la USAID se involucran inapropiadamente en los asuntos de otras naciones, socava los mismos valores que dice apoyar.
De hecho, la ideología progresista de la Administración es una preocupación de seguridad nacional, ya que está aumentando el sentimiento antiestadounidense en el extranjero, particularmente en naciones conservadoras. «Con ese fin, nos preocupan los informes sobre la participación de funcionarios del Estado en la Guatemala y de otras naciones conservadoras de todo el mundo».
«Como miembros del Congreso de los Estados Unidos, nuestro trabajo es ejercer la supervisión del poder ejecutivo para asegurarse de que esté de acuerdo con la voluntad del Congreso de los Estados Unidos y, en última instancia, del pueblo estadounidense».
En la misiva, los congresistas le cuestionan lo siguiente y dan de plazo hasta el 30 de mayo para que respondan las preguntas:
1. ¿Funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. han amenazado con sanciones a miembros conservadores del Congreso guatemalteco que no apoyan las prioridades legislativas del presidente Arévalo?
2. ¿Han financiado USAID o el Departamento de Estado a las ONG para implementar estos cambios ideológicos? ¿Anticipación de la acción legislativa?
3. ¿Se ha reunido el Estado o USAID con miembros del Congreso de Guatemala para apoyar la legislación en el ¿Congreso guatemalteco? En caso afirmativo, ¿qué prioridades legislativas o proyectos de ley han sido apoyados?
4. ¿ El Embajador o alguien de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala ha invitado a los miembros de la Congreso de Guatemala a la Embajada o a la residencia del Embajador para discutir esta legislación? En caso afirmativo, sírvanse indicar qué diputados fueron invitados y la naturaleza de las conversaciones.
La carta está firmada por los congresistas Andy Ogles, Warren Davidson, María Elvira Salazar, Keith Self, Scott Perry Carlos A. Gimenez, Chritopher H. Smith, Andy Harris M.D., Debbie Lesko, Andy Biggs y Brian Mast.
El documento se hace público mientras el secretario de Estado se encuentra de visita en Guatemala participando en una reunión ministerial de 20 países que buscan una solución al fenómeno de la migración en el hemisferio, y también para reunirse con el presidente del país, Bernardo Arévalo.
Foto ilustración, Congreso de EEUU elpaisdigital.com.ar
