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Tras menos de nueve meses de mandato, el presidente Gustavo Petro anuncia una posible segunda crisis de Gabinete al pedir la renuncia protocolaria a todos sus ministros. La ocasión anterior, exactamente dos meses antes, no pidió renuncias sino que directamente removió a tres ministros, a los que avisó con muy poca antelación. Esta vez opta por un camino menos expedito, que se suele usar para dejar un mensaje de deseo de cambio de forma general, sin haber definido todavía los ajustes concretos. Sin embargo, deja claro que se trata antes que nada de una decisión política: el fin de una coalición en la que están su frente de partidos y movimientos de izquierda, el Pacto Histórico; tres partidos tradicionales (La U, el Liberal y el Conservador); y la Alianza Verde.
Además de ese motivo que explicó la noche del martes, el presidente delineó la forma de ajuste unas horas antes, cuando habló en una entrega de tierras en Zarzal, Valle del Cauca: “Yo pienso que el Gobierno debe declararse ya en emergencia (…). Un Gobierno de emergencia que tenga funcionarios que trabajen de día y de noche, cuyo corazón está a favor de la gente humilde y no simplemente de ganar un salario y unas comisiones, y que sea capaz de adelantar los enormes retos que se nos demandan en el campo rural. Ya no podemos esperar más”.
Esta vez, sin embargo, no acaba de aprobar su plan de desarrollo, que sigue en el Congreso. Lo que sí ocurrió este mismo martes es que el Gobierno presentó finalmente su política de seguridad; que la cumbre sobre Venezuela que encabezó el canciller Álvaro Leyva, se saldó con pocos resultados; que el Congreso hundió un artículo del plan de desarrollo que creaba mecanismos para comprar tierra a privados para hacer la reforma rural; y sobre todo que su reforma a la salud, a la que le ha apostado buena parte de su capital político, pasó raspando su primer debate en el Congreso.
Esos tres partidos tienen representación en el Gobierno, empezando por los ministros de TIC (Sandra Urrutia, La U), Justicia (Néstor Osuna, liberal), Vivienda (Catalina Velasco, liberal) y Transporte (Guillermo Reyes, conservador), que ahora deben presentar la renuncia protocolaria. El Gobierno ya lo había hecho con viceministros de esos mismos tres partidos que siguen en sus cargos, pero con una suerte de advertencia que se torna más fuerte. El anuncio de Petro le agrega más tensión a una coalición que ya venía con dificultades, y que naturalmente vivirá todavía más presiones internas a medida que se acerquen las elecciones locales y regionales de octubre en las que muchos de sus miembros compiten por el poder. En general, un remezón de Gabinete puede dar o quitarle visibilidad, burocracia o banderas a los sectores políticos justo cuando más las neceistan.
Además de esta faceta más electoral y legislativa, la solicitud de las renuncias pone sobre la mesa la posibilidad de que se resuelvan tensiones internas del Gabinete. Ya ocurrió en febrero, cuando Petro sacó a Alejandro Gaviria de Educación y así tomó partido por Carolina Corcho, ministra de Salud y madrina de la reforma. Ella mantenía una puja con quien había sido ministro de su cartera durante seis años y estaba en desacuerdo con el corazón de su proyecto. Si bien las otras diferencias han sido menos notorias o ya quedaron en el pasado, como la que hubo entre el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y su colega de Minas y Energía Irene Vélez por la transición energética, no por ellos dejan de existir.
En 2012 a Petro le tomó nueve días reorganizar su equipo para administrar a Bogotá. En 2023, los nueve días siguientes incluyen el tradicional desfile del día del trabajo, tan simbólico para la izquierda; el inicio del tercer ciclo de conversaciones con el ELN; y la definición artículo por artículo de la reforma a la salud, además del día a día de un país con la inflación disparada y una creciente violencia rural.
