Ciudad de Guatemala, 31 enero (Diestra).- En el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) del 2022, Guatemala obtuvo la nota más baja de su historia, según el informe de Transparencia Internacional (TI) presentado este martes en la capital guatemalteca por su representante en el país, Acción Ciudadana (AC).
De acuerdo con el informe, Guatemala obtuvo 24 puntos y se ubica en el puesto 150 de 180 países analizados, lo cual significa que ha perdido la capacidad de combatir la corrupción, lo que se traduce en impunidad para los corruptos.
Según el documento, en su último año de Gobierno, el presidente Alejandro Giammattei deja en el peor puesto al país en el IPC ya que se ubica por debajo del promedio que es de 43.
«Estamos en el sótano», expresó el representante de AC, Eddie Cux, y agregó que el país llegó a caer entre las cinco naciones «peor» calificados de Latinoamérica en el Índice de Percepción de la Corrupción. “Los últimos tres gobiernos son los que más han contribuido en la caída de Guatemala en el IPC”, acotó.
Según estos datos, Guatemala ha bajado su puntaje a partir del año 2014 y alcanzando el puntaje más bajo en el 2022. Esto coincide con los esfuerzos de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei por socavar las instituciones que investigaban la corrupción.
Según el Informe de TI, los países con los peores resultados son los siguiente:
En los países que este año obtuvieron los peores resultados, como Venezuela (14), Nicaragua (19), Honduras (23) y Guatemala (24), las elites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales. En Venezuela (14), las actividades económicas ilegales representaron el 21 % de su PIB de 2021; los grupos delictivos ejercen un control exhaustivo sobre las operaciones de minería de oro, y emplean la extorsión y los pagos irregulares a comandantes militares para poder mantener sus actividades ilícitas.
Estos grupos son responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades, la prostitución forzada y la explotación laboral de adultos y niños, así como la contaminación y otros delitos ambientales graves.
En Honduras (23), la extorsión de pequeños negocios y de la ciudadanía por parte pandillas criminales es un problema grave que, no obstante, queda impune. Esto frena el desarrollo económico, agudiza la inseguridad y promueve el ingreso de flujos de dinero ilícito al sistema financiero. Se estima que los hondureños realizan pagos extorsivos por USD 737 millones al año, lo cual representa el 16 % del PIB anual del país.
En estos entornos con altos niveles de corrupción, la violencia creciente y la vulneración de derechos sociales y económicos afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados, lo cual promueve movimientos migratorios masivos a otros países de la región. A fin de reducir la violencia de pandillas, El Salvador y Honduras declararon estados de excepción.
En El Salvador, esto ha dado lugar a detenciones injustificadas e instancias de abuso de poder. El régimen de emergencia también se ha usado para reprimir y silenciar voces críticas del gobierno y limitar incluso más el derecho de acceso a la información.
En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el apoyo de la comunidad internacional. Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales.
En Guatemala, las detenciones injustificadas del periodista José Rubén Zamora y las exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez representan casos emblemáticos.
