El avance del crimen organizado convirtió puertos, rutas y ciudades en espacios de disputa. Ecuador decidió profundizar la cooperación internacional para enfrentarlo, pero una pregunta permanece: ¿pedir ayuda significa renunciar a soberanía o puede ser precisamente una forma de recuperarla?
Por Diestra La Revista
Un país puede comenzar a perder territorio sin que cambien sus fronteras y sin perder un solo kilómetro de su mapa. Ocurre cuando el Estado encuentra dificultades para ejercer plenamente su autoridad sobre determinadas rutas, puertos, barrios o comunidades; cuando estructuras criminales adquieren capacidad para intimidar, extorsionar, movilizar drogas y armas y disputar el control de espacios estratégicos. Ecuador enfrenta precisamente uno de los ejemplos más dramáticos de esta transformación en América Latina.
La dimensión de la crisis es difícil de minimizar. Ecuador cerró 2025 con una tasa de 51 homicidios por cada 100 mil habitantes, la más alta de Sudamérica según datos citados por Human Rights Watch. Después de una reducción en 2024, los homicidios volvieron a crecer cerca de 40% durante 2025. Al mismo tiempo, la fragmentación de las organizaciones criminales multiplicó las disputas por territorios, corredores y economías ilícitas.
DEL PUERTO AL TERRITORIO
La geografía convirtió a Ecuador en una pieza estratégica. Situado entre Colombia y Perú, grandes productores de cocaína, y con una extensa salida hacia el Pacífico, sus puertos se transformaron en plataformas particularmente atractivas para organizaciones capaces de conectar la producción sudamericana con mercados internacionales.
La propia oficina del FBI señala que Ecuador se convirtió en un importante centro logístico de las rutas que conectan Sudamérica con Norteamérica y Europa. Allen Pack, agregado del FBI en Bogotá, sostuvo en marzo que alrededor del 70% de la cocaína mundial es enviada desde puertos ecuatorianos.
El problema, por tanto, dejó de limitarse al narcotráfico. Cuando una estructura criminal necesita garantizar el movimiento de mercancías ilícitas también necesita información, corredores seguros, capacidad de intimidación, logística, dinero y eventualmente corrupción.
Y entonces aparece la pregunta central de Los Territorios del Poder:
¿Quién controla realmente las rutas?
ECUADOR TOMÓ UNA DECISIÓN
Frente a una amenaza que ya no reconoce fronteras, el gobierno del presidente Daniel Noboa optó por profundizar la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos.
La colaboración comprende equipamiento, entrenamiento, intercambio de inteligencia y apoyo militar, dentro de una relación de seguridad que se ha profundizado durante 2026.
El 11 de marzo ocurrió además un hecho significativo: se inauguró en Quito la primera oficina permanente del FBI en Ecuador. La presencia permanente permitirá una coordinación más estrecha con una unidad especializada de la Policía Nacional ecuatoriana y respaldará investigaciones conjuntas relacionadas con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La DEA y Homeland Security Investigations ya mantenían personal en Ecuador. La llegada permanente del FBI agregó otra pieza a una arquitectura internacional de cooperación destinada a enfrentar organizaciones cuyo funcionamiento tampoco se detiene en las fronteras nacionales.
PERO LOS ECUATORIANOS MARCARON UN LÍMITE
Existe, sin embargo, un elemento indispensable para comprender el caso ecuatoriano.En noviembre de 2025, los ciudadanos fueron consultados sobre la posibilidad de eliminar la prohibición constitucional de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, así como de ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
La respuesta fue contundente.
60.82% votó NO.
39.18% votó SÍ.
Los resultados definitivos fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral.
Ese resultado introduce una distinción fundamental: los ecuatorianos rechazaron las bases militares extranjeras, pero eso no significa necesariamente rechazar toda cooperación internacional en seguridad.
Es precisamente allí donde comienza el debate.
¿COOPERACIÓN O INJERENCIA?
No toda presencia extranjera constituye automáticamente injerencia, de la misma manera que toda cooperación internacional tampoco está exenta de límites.
Existe una diferencia entre un Estado que solicita asistencia para fortalecer sus propias capacidades y una potencia extranjera que pretende sustituir la voluntad o las instituciones del Estado receptor.
La pregunta correcta, entonces, no debería ser simplemente si existe participación extranjera.
Debería ser:
¿Quién la autorizó?
¿Bajo qué reglas?
¿Quién mantiene el mando?
¿Qué límites existen?
¿Quién responde cuando algo sale mal?
Y, fundamentalmente:
¿Quién toma finalmente las decisiones?
Si las decisiones continúan perteneciendo al Estado ecuatoriano, la cooperación puede convertirse en una herramienta para recuperar capacidades frente a organizaciones transnacionales que poseen dinero, armamento, tecnología, información y conexiones internacionales.
Si esa capacidad de decisión desaparece, el debate cambia completamente.
LA SEGURIDAD TAMBIÉN TIENE LÍMITES
La gravedad de la amenaza criminal tampoco puede convertirse en un cheque en blanco. Human Rights Watch ha documentado denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y malos tratos atribuidos a fuerzas de seguridad dentro de la estrategia ecuatoriana contra el crimen. La organización también ha cuestionado aspectos de la profundización de la cooperación estadounidense.
Es una advertencia que merece ser examinada.
Un Estado puede y debe defender a su población frente al crimen organizado. Pero precisamente porque pretende recuperar el imperio de la ley, su actuación debe conservar controles, responsabilidades institucionales y garantías jurídicas.
La alternativa tampoco puede ser la parálisis.
Cuando fiscales, jueces, comerciantes, transportistas o ciudadanos son amenazados por organizaciones criminales, la ausencia efectiva del Estado también tiene consecuencias sobre los derechos humanos. En junio de 2026, el asesinato de una fiscal en Manta volvió a poner de manifiesto el riesgo que enfrentan quienes investigan estas estructuras; fue la tercera fiscal asesinada en esa ciudad desde 2022.
¿PARA QUÉ SIRVE ENTONCES LA SOBERANÍA?
Quizá esa sea la discusión que Ecuador coloca frente al resto de América Latina. La soberanía no debería reducirse a impedir que un extranjero pise territorio nacional.
También significa que ninguna organización criminal pueda decidir quién circula, quién comercia, quién trabaja, quién investiga o quién vive con miedo dentro de ese territorio.
Un Estado soberano debe conservar la capacidad de decidir cuándo coopera, con quién coopera, bajo qué condiciones lo hace y cuándo esa cooperación termina.
Por eso, pedir ayuda no constituye necesariamente una renuncia a la soberanía.
Puede ser también una decisión soberana.
La frontera está en otro lugar: el Estado debe conservar el mando.
POR ENCIMA DE LA IDEOLOGÍA
La discusión sobre Ecuador inevitablemente producirá posiciones ideológicas. Para algunos, profundizar la cooperación con Estados Unidos representa una amenaza a la soberanía. Para otros, constituye una herramienta indispensable frente a organizaciones criminales transnacionales.
Pero existe una pregunta anterior a ambas posiciones:
¿Qué necesita el ciudadano para vivir?
Poder abrir un negocio sin pagar extorsión. Viajar sin miedo. Utilizar el transporte público. Caminar por una calle. Llevar a sus hijos a estudiar. Trabajar. Regresar a casa.
La soberanía adquiere sentido cuando protege esas libertades elementales.
Por eso, la discusión no debería reducirse a izquierda contra derecha, Estados Unidos contra América Latina o cooperación contra nacionalismo.
La vida de los ecuatorianos está por encima de la confrontación ideológica.
Ecuador ha decidido combatir una amenaza que desbordó fronteras y capacidades nacionales recurriendo también a cooperación internacional. Los resultados de esa estrategia deberán medirse, sus límites deberán vigilarse y cualquier abuso deberá investigarse.
Pero la pregunta fundamental permanece:
¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN EL TERRITORIO?
Porque cuando el Estado deja espacios vacíos, alguien termina ocupándolos.
Y en América Latina, demasiadas veces ese alguien ha sido el crimen organizado.
LOS TERRITORIOS DEL PODER
Crimen · Soberanía · Injerencia
Una investigación de Diestra La Revista.
