El embajador Víctor Manuel Rocha, hoy un traidor confeso, pasó más de 40 años espiando para la dictadura comunista de Cuba. Rocha comenzó su carrera en el Departamento de Estado de los EEUU y ocupó importantes puestos en Bolivia, Argentina, Honduras, México, República Dominicana y Cuba. Más tarde, trabajó como consultor privado para el Comando Sur de EEUU, que supervisa a Cuba. Prensa Asociada informa que «las autoridades federales realizan una evaluación confidencial de los daños, que podría llevar años completarse.» Cuando se descubran esos daños, gran parte permanecerá clasificada y no estará disponible al público. El Embajador Rocha fue condenado el 12 de abril de 2024 a 15 años de prisión federal y multado con $500.000. A cambio, los fiscales retiraron más de una docena de cargos, incluyendo el haber dado declaraciones falsas y fraude electrónico.

En su acuerdo de admisión de culpabilidad con Rocha, el gobierno intentó despojar a otras posibles víctimas del derecho a restitución, argumentando que la única víctima era el gobierno de EEUU.

Rocha no es el único traidor estadounidense que espió para la Cuba comunista. Otros han compartido inteligencia de EEUU que resultó en la muerte de estadounidenses y participaron en operaciones de influencia para restar importancia a la amenaza de La Habana a la seguridad nacional de Estados Unidos.

Entre los que espiaron para la Dirección de Inteligencia del régimen de Castro estaban Ana Belén Montes, quien pasó 17 años en el Pentágono en la Agencia de Inteligencia de Defensa; Walter Kendall Myers, un analista de alto rango en el Departamento de Estado que pasó 30 años espiando con la ayuda de su esposa Gwendolyn; y Marta Rita Velázquez, una oficial jurídica en la Agencia para el Desarrollo Internacional, que reclutó a Ana Belén Montes. El primer desertor de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue Philip Agee, quien murió en Cuba en 2008 a la edad de 72 años. Agee desertó a Cuba en 1973 y reveló la identidad de 250 supuestos oficiales y agentes de la CIA.

Ellos no están solos: los espías de La Habana, que se hacen pasar por diplomáticos, operan en su embajada en Washington y en la Misión de Cuba ante la ONU en Nueva York.

La dictadura cubana también envía agentes ilegales para espiar y llevar a cabo medidas activas en suelo estadounidense; estos operan en redes.

La red AVISPA de espías cubanos infiltró Estados Unidos con el fin de recopilar información sobre instalaciones y personal militares de EEUU, observar y sembrar división entre los exiliados cubanos, localizar lugares donde almacenar armas y explosivos en suelo estadounidense, y aterrorizar y luego asesinar con una bomba postal a un hombre que residía en Bal Harbour, Florida, al que creían agente de la CIA. La red AVISPA estuvo involucrada en el derribo mortal de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. El jefe de la red de espionaje, Gerardo Hernández, fue condenado por conspiración de asesinato por su papel en la muerte de los cuatro pilotos de las avionetas. El FBI descubrió la red de espías y la desmanteló en 1998.

Estas prácticas comenzaron a principios de los años 1960.

En su libro Red Cocaine: The Drugging of America and the West, Joseph Douglass escribió: «Checoslovaquia recibió órdenes del Consejo de Defensa Soviético en 1961 para que la inteligencia cubana penetrara las operaciones de narcotráfico existentes en América Latina y los Estados Unidos y para sentar las bases para ‘reclutar’ estas actividades autónomas». Según Douglass, «Jan Sejna, un exalto funcionario checo, ha descrito en detalle sus reuniones con Raúl Castro, por lo general cuatro veces al año desde 1961 hasta 1968, año en el que el señor Sejna desertó a Estados Unidos».

El narcotráfico siempre fue una prioridad. En conjunto, Cuba y Checoslovaquia establecieron y penetraron redes de narcotráfico en toda América Latina. El objetivo principal era Estados Unidos. Un informe de inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA) que el Miami Herald obtuvo en 1983 lo confirmó.

Cuba fue incluida en la lista de estados patrocinadores del terrorismo el 1 de marzo de 1982, después de que los funcionarios del Departamento de Estado encontraran en enero de 1982 que Cuba estaba involucrada en proporcionar armas al grupo terrorista colombiano M-19 a cambio de facilitar el narcotráfico hacia EEUU.

El 5 de noviembre de 1982, un gran jurado federal acusó a cuatro altos funcionarios cubanos de narcotráfico. Un artículo del Washington Post informó sobre las identidades de estos funcionarios del régimen:

• René Rodríguez-Cruz, supuesto oficial del servicio de inteligencia cubano, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

• Aldo Santamaría-Cuadrado, también conocido como René Baeza-Rodríguez, a quien la acusación identifica como vicealmirante de la marina cubana y miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. «Supervisaría en Cuba la protección y reabastecimiento de barcos que transportaban marihuana desde Colombia a Estados Unidos a través de Cuba», dice la acusación.

• Fernando Ravelo-Renedo, embajador de Cuba en Colombia hasta que la embajada en Bogotá se cerró cuando las relaciones entre los países empeoraron en 1980.

• Gonzalo Bassols-Suárez, identificado como exministro consejero de la embajada cubana en Bogotá y miembro del Partido Comunista de Cuba.

Ana Belén Montes fue reclutada por agentes de inteligencia cubanos en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1984, y el 30 de septiembre de 1985, Montes se presentó a trabajar en la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en el Pentágono.

El exagente especial de contrainteligencia del Ejército, Reg Brown, también llegó a la DIA en 1985, pero con el objetivo de hacerse de un nombre. Chris Simmons, Oficial de Contrainteligencia de carrera del Ejército de EEUU y de la Agencia de Inteligencia de Defensa, entre 1996 y 2004, describe en su libro, Castro’s Nemesis, cómo Brown realizó una evaluación de contrainteligencia que indicaba que «el régimen de Castro todavía traficaba drogas» y que esto involucraba la «participación organizada y sostenida de muchos de los funcionarios de más alto rango de Fidel». La evaluación fue enviada a otros analistas de la DIA para una «revisión de rutina» a principios de junio de 1989, y Reg Brown recibió una respuesta positiva, pero se sorprendió cuando CNN informó sobre «la detención en Cuba de 14 funcionarios acusados de narcotráfico». Eventualmente, un total de 33 fueron encarcelados, ejecutados o se suicidaron.

Simmons escribió: «Reg tuvo sospechas de dicha coincidencia. La sincronización del lanzamiento interno [en EEUU] de su evaluación y la purga simultánea en La Habana era demasiada casualidad. Además, la mayoría de los funcionarios cubanos nombrados en su evaluación estaba entre los treinta y tres ejecutados, encarcelados, despedidos o que se suicidaron”.

El juicio contra Ochoa de 1989 fue un esfuerzo de la élite del régimen cubano por encubrir su participación en el narcotráfico mediante la ejecución del General de División Arnaldo Ochoa y del Coronel Antonio de la Guardia, el Mayor Amado Bruno Padrón, y el Capitán Jorge Martínez del Ministerio del Interior (MININT), chivos expiatorios condenados tras un simulacro de juicio.

Este no fue el fin del Cartel de La Habana.

«La nueva evidencia de tráfico de drogas cubano fue descubierta el 3 de diciembre [de 1998] en el puerto colombiano de Cartagena cuando la Policía Nacional Colombiana (PNC) incautó siete toneladas de cocaína con destino a Cuba”, reportó Robert Novak para The Washington Post el 1 de febrero de 1999.

Con el ascenso de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1999, los hermanos Castro jugaron un papel principal en la formación del Cartel de los Soles en ese país, al igual que en el aumento dramático de la entrada de cocaína a Estados Unidos en los siguientes 25 años.

El Consejo Nacional de Seguridad, una organización sin fines de lucro de EEUU que aboga por la seguridad nacional desde 1913, y que se centra en eliminar las principales causas de muertes prevenibles, encontró que 3.186 estadounidenses murieron por sobredosis de cocaína en 1999. Luego de más de 20 años de cooperación entre Cuba y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, 23.513 estadounidenses murieron por sobredosis de cocaína en 2021.

Más de 20.000 estadounidenses murieron en un solo año gracias a la cocaína con que La Habana ha estado inundando a los Estados Unidos durante décadas. Es probable que Ana Belen Montes en la DIA (o alguien más que trabajaba para su red en la DIA) en 1989 advirtiera a La Habana de que su participación extensa y sistemática en inundar a los EEUU con cocaína iba a ser expuesta. Por eso Cuba actuó de manera preventiva al encubrir exitosamente la culpabilidad de Fidel y Raúl Castro en el narcotráfico.

La dictadura comunista en Cuba no solo tiene la sangre de decenas de miles de cubanos en sus manos, sino también la de decenas de miles de estadounidenses que han muerto a lo largo de seis décadas a causa de sobredosis y de violencia vinculadas al narcotráfico.

Me pregunto si alguna vez se sabrá cuántos seres inocentes fueron asesinados por la traición del embajador Víctor Manuel Rocha.

John Suarez es Director Ejecutivo del Centro por una Cuba Libre y un activista de los derechos humano