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Tras ganar la presidencia de Guatemala con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, Bernardo Arévalo cumple este martes 100 días en el poder sin exhibir logros significativos.
«Nuestra prioridad número uno es cerrar el chorro de los recursos públicos a los corruptos», proclamó Arévalo en febrero, pero hasta ahora no ha tomado medidas de peso.
Solo ha creado una comisión para detectar irregularidades en el sector público y denunció a la justicia a una ministra del anterior gobierno por una cuestionada compra de vacunas rusas anticovid.
Arévalo también destituyó a la ministra de Ambiente y Recursos Naturales por «mal uso de recursos» del Estado, luego de que saliera a la luz pública que una hija suya presuntamente utilizaba un vehículo oficial para actividades personales.
A pesar de ello, analistas políticos y líderes empresariales e indígenas destacan que su gobierno es «decente», algo no menor en un país que ocupa el puesto 154 entre 180 países en el ranking de corrupción de la ONG Transparencia Internacional.
«Es un inicio muy tibio […]. Hubo tiempo como para que ellos organizaran una ofensiva mucho mayor en el tema de lucha contra la corrupción», dice a la AFP Manfredo Marroquín, de la filial local de Transparencia.
«Pudieron haber entrado con más fuerza a documentar el saqueo de los últimos cuatro años», pues «nunca antes» hubo una votación tan alta en rechazo al «sistema corrupto», agrega.
– «No hay retroceso» –
El constitucionalista Edgar Ortiz afirma que por ahora solo hay «buenas intenciones», pero «falta una estrategia» anticorrupción.
«El pueblo de Guatemala […] quiere ver acciones concretas para ir limpiando nuestras instituciones», dice a la AFP Ernesto Alarcón, líder del Consejo Nacional Empresarial.
Algo similar opina la analista independiente Marielos Chang: «No hemos visto ni iniciativas de ley ni políticas públicas que demuestren que ya iban con una idea de lo que era necesario reformar para reducir los espacios de corrupción».
Sin embargo, Chang destaca que Arévalo carece de los rasgos autoritarios de los presidentes Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024). «No se percibe que vayamos en un retroceso democrático», señala.
«Hasta el momento es un gobierno decente, es un gobierno con una vocación democrática, eso no es menor», afirma Ortiz.
– «Alto riesgo» –
Arévalo cohabita con la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, quien emprendió en 2023 una cruzada en su contra que puso en riesgo la transición presidencial y que él denunció como intento de «golpe de Estado».
Como carece de facultad para destituirla, la denunció ante la Corte Suprema por
«incumplimiento de deberes» en busca de que sea removida.
Pero Ortiz considera que fue un «error grande» usar la vía judicial, pues en el país la «manipulación de la ley es el campo fértil» de «jueces y fiscales corruptos».
«Lo que más le va a pesar […] a Arévalo es el hecho de que no se vean acciones contundentes ni un plan a seguir para lograr destituir a la fiscal general», indica Chang.
Sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupta», Porras ha buscado fortalecerse con reuniones con legisladores opositores y alcaldes.
Además, ella mantiene vigente un pedido a la justicia para retirar la inmunidad a Arévalo para procesarlo por presunto lavado de dinero en su partido Semilla.
«El Ministerio Público abiertamente trató de dar un golpe de Estado y ahora la agenda no ha cambiado», advierte Ortiz.
Resignarse a «convivir» con la fiscal es un «juego de alto riesgo» para Arévalo, pues es como «dormir con el enemigo», apunta Marroquín.
El líder indígena maya Luis Pacheco, quien en 2023 encabezó protestas contra la fiscal, concede a Arévalo el «beneficio de la duda», porque «todavía el pacto de corruptos tiene cierto poder». AFP
