GINEBRA (18 de abril de 2024) – Las autoridades guatemaltecas y todas las personas que viven en Guatemala deben aprovechar la gran oportunidad que tienen ante sí, para nombrar a las y los mejores candidatos a los puestos de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones para el período de 2024 a 2029, dijo hoy una experta* de la ONU.
«La independencia e imparcialidad de los tribunales es una de las garantías esenciales del Estado de Derecho que exigen las normas de derechos humanos,» explicó la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. «El requisito de independencia se refiere al procedimiento y a las calificaciones para el nombramiento de jueces, y está estrechamente vinculado a un nombramiento de las y los candidatos idóneos para los tribunales superiores, que cumpla con un marco legal oportuno. En Guatemala, esto significa que los perfiles altamente cualificados deben ser identificados y considerados para nombramiento”.
Los y las magistradas que actualmente ocupan los puestos en la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Guatemala finalizarán sus mandatos en octubre de 2024. El Congreso deberá entonces elegir nuevos magistrados y magistradas con base en listas elegidas por las Comisiones de Postulación.
Las y los magistrados actuales no fueron nombrados sino hasta noviembre de 2023, “después de casi cuatro años de inacción por parte del Congreso de Guatemala”, dijo la Relatora Especial. Los mandatos de estos titulares finalizarán el 13 de octubre de 2024, lo que requerirá el nombramiento oportuno de sus sucesores, dijo.
«Me preocupa el contexto de desconfianza que se ha generado en torno a los procesos de nombramiento de los altos tribunales en el pasado, las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que acompañaron al proceso anterior y la falta de participación efectiva de la sociedad civil», afirmó.
«Hago un llamamiento a todos los actores involucrados en las Comisiones de Postulación y en el Congreso para que garanticen que los nombramientos de este año cumplan con los criterios establecidos por la ley. La sociedad civil debe poder participar plena y significativamente en el examen de las y los candidatos y en la vigilancia del proceso», declaró Satterthwaite. «Al mismo tiempo, subrayo la importancia crucial de no repetir el pasado, dejando casi un mandato completo sin nombrar magistradas y magistrados para las altas cortes.»
La experta proporcionó los siguientes indicadores para ser utilizados por quienes participan y monitorean el proceso de nombramientos judiciales en Guatemala. Estos indicadores se basan en el derecho de los derechos humanos y las normas internacionales pertinentes.
La Relatora Especial de la ONU ha estado en contacto con el Gobierno de Guatemala en relación con estas recomendaciones. Foto ilustración youtube.com
