Mujeres de tres familias migrantes –una guatemalteca, una salvadoreña y una mexicana—denunciaron a La Opinión actos de acoso sexual y fraude en un albergue de Tijuana.
“El licenciado me tocó”, dijo una joven madre guatemalteca que huyó hace poco más de un mes de su país para salvar su vida y la de su hija de un año de edad.
La señora Martha (no es su nombre real) de 18 años de edad narró que un abogado, encargado del albergue, José Benaventes, “me hacía subir (a su oficina), me decía que si no iba a subir me iba a echar a la calle, y como yo no tenía dinero” tenía que subir a solas.
Hace apenas un par de meses Martha trabajaba en una tienda en Ciudad Guatemala, pero a fines de julio un hombre se le aproximó cuando ella estaba en su trabajo, le pasó un celular y le ordenó que contestara a alguien que le llamaba.
La joven dijo que se sintió morir cuando un desconocido le dijo por teléfono que le daba tres días para que consiguiera mil dólares en efectivo y se los diera al hombre que se le acercó en la tienda o iba a matarla a ella y a su hija.
Se puso más nerviosa cuando al llegar a su casa esa noche encontró un papel que le habían deslizado por debajo de la puerta, y que decía que reuniera el dinero y no intentara huir, porque en represalia la iban a matar.
“Era imposible que yo reuniera esa cantidad de dinero, más en tan poco tiempo”, platicó la joven a La Opinión. Días después buscó una bolsa pequeña “para que no sospecharan nada”, en la que metió apenas lo realmente indispensable, una mudada de ropa de la niña, una cobijita, su dinero y agua.
Caminó por el vecindario y al pasar por la comandancia entró y presentó lo más rápido que pudo una denuncia, y en cuanto le dieron una copia huyó de Ciudad Guatemala y abandonó su país con la idea de nunca regresar porque le dijeron que a donde fuera la encontrarían.
A las dos semanas llegó a Tijuana, donde la buscó ayuda en el municipio y ahí, la oficina de atención a migrantes le escribió un documento para que la recibieran en el albergue llamado Pro Libertad y Derechos Humanos en América.
Martha dijo que desde el primero momento en que pisó ese lugar comenzaron los abusos a ella y a cualquier migrante.
“De entrada, hay que pagar 500 pesos (unos $25) por persona, no le hace si son niños. También cobran 30 pesos diarios por agua para tomar, pero no dan el agua; 30 pesos para gas por día, pero no dejan cocinar; otros 30 pesos para bañarse, pero todos los migrantes se tienen que bañar en una hora al amanecer, y si no alcanzan porque van por turnos, no se bañan”, dijo.
Se bañan sin regaderas; el albergue les da unos recipientes de galón recortados con cerca de medio galón de agua para bañarse cada uno.
En esas condiciones estresantes, el abogado José Benaventes ofrece exclusivamente a las migrantes mujeres no solo mejorarles las condiciones de albergue, sino que “nos ofrece asilo político en Estados Unidos; dice que nos puede pasar porque en su carro porque tiene un pase de confianza”, el permiso de la línea Sentri, para viajeros frecuentes.
Martha dijo que las noches en que el abogado la obligada a subir a su oficina, comenzaba por besarle la nuca y las mejillas, la abrazaba, “me decía que yo podía tener con él todo lo que quisiera, hasta el asilo político en Estados Unidos en una semana, que si no me daban el asilo él me pasaba en su carro porque tenía Sentri, pero que tenía que mostrarle cariño”.
Mientras le ofrecía un asilo que no podía conceder, Benaventes “me besaba, me tocaba las piernas, me decía que yo le encantaba, que no me fuera nunca y que me iba a dar lo que quisiera”, dijo Martha.
Era la primera vez que Martha estaba en Tijuana. De hecho la primera vez que salía de Ciudad Guatemala, en busca de un amigo de su abuelo en Los Ángeles, la única persona que podía ayudarle.
Raquel, una madre de familia de El Salvador, dijo que ella y su esposo se compadecían de Martha cuando le veían regresar de la oficina de Benaventes con el rostro desencajado, “pálida, muerta de miedo de que el encargado cumpliera su amenaza de echarla a la calle en medio de la noche con su hija a una ciudad que desconocía y sin dinero”.
La señora Raquel vendía pupusas en El Salvador y unos pandilleros le cobraban una cuota por permitirle trabajar, pero una noche le dijeron que junto con las pupusas tenía que vender drogas o abandonar el país en dos horas. La pareja tomó a su hija y la segunda opción, pues la mara tenía miembros en todo el país, Así fue como llegó a Tijuana.
Raquel y su esposo encontraron trabajo en una farmacia que se compadeció del matrimonio. A su regreso al albergue por las noches el matrimonio compraba una bolsa de pan en rebanadas y algo de jamón y compartía la cena con Martha, la única comida de la joven guatemalteca cada día.
Pero incluso Raquel enfrentaba el acoso de sexual del encargado. “Me decía que tenía que subir yo sola, y ya que estaba ahí me decía que a él no le gustaba el hombre que me acompañaba (su esposo), que me deshiciera de él y que entonces me iba a dar asilo político”.
Una noche que el matrimonio salvadoreño regresaba de la farmacia al albergue, vio a un grupo de migrantes haitianos y se acercó a preguntar al lugar. Cuando el responsable de ese sitio escuchó lo que pasaba, le dijo al matrimonio que esa misma noche se mudaran, que llevaran ellos a Martha y a su niña y a una familia de Guerrero a la que presuntamente había estafado el abogado Benaventes.
Un asistente del albergue, identificado solo como Luis, tomaba los datos de todos los migrantes que enviaba el municipio y se los pasaba a Benaventes. Así fue como el abogado se enteró que la familia que huía de Guerrero para salvar su vida tenía familiares en Carolina del Norte.
Benaventes dijo que les podía ayudar a obtener el asilo político en Estados Unidos esos días, pero que necesitaba el equivalente a dos mil dólares para agilizar los trámites. Los familiares le hicieron una transferencia. La familia todavía guarda el recibo.
Pero Benaventes mintió, le dijo a la familia de Guerrero que fuera a lo alto del puente cercano a la garita peatonal de El Chaparral y que ahí los iban a llamar para que cruzaran la frontera a solicitar asilo en San Diego. La familia, que desconoce Tijuana y los procesos de asilo, esperó en el puente todo el día y toda la noche, hasta que finalmente regresó derrotada al albergue.
Benaventes solo dijo que no se explicaba qué fue lo que pasó y que iba a averiguar.
Logran pasar la frontera
La subsecretaria del estado de Baja California para asuntos migratorios, Minerva Espinoza Nolasco, ayudó a las tres familias a presentar denuncias en Tjuana.
Las tres familias, precisamente por ser vulnerables y víctimas de acoso y fraude lograron a través de organizaciones que Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) les otorgara el sábado 13 de agosto excepción al Título 42 por vulnerabilidad y ahora siguen sus procesos dentro de Estados Unidos.
La subsecretaria revisaba el lunes con inspectores de Bomberos de Tijuana las instalaciones del albergue para, de ameritar, clausurarlo. Pero Espinoza dijo a La Opinión que planea sentar un precedente.
“Quiero que este mensaje sea muy claro de que no vamos a permitir acoso, abusos, fraudes con promesas de asilo; que sea un mensaje para todos los demás albergues de lo que puede pasar si abusan”, dijo.
La subsecretaria explicó que José Benaventes ha estado a cargo del albergue privado desde abril de este año.
Una fuente relacionada con este caso informó confidencialmente que la carpeta de investigación, la reunión de pesquisas, concluyó este martes. A partir de ahora lo más probable es que el encargado, José Antonio Benaventes, sea llamado a declarar.
Benaventes es el hermano de la titular del albergue, quien se ausentó de la ciudad desde la primavera.
Varias organizaciones civiles habían denunciado antes abusos similares pero ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
De acuerdo con vecinos del albergue, en los últimos días el lugar permanece cerrado y ya no ha recibido migrantes. Habitualmente tenía abierta una puerta de metal de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde.
La Opinión intentó ponerse en contanto con el abogado Benaventes en dos ocasiones, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta de su parte.
