Durante décadas un depredador sexual se hizo pasar por oficial voluntario de policía para abusar sexualmente de niños, muchos de ellos indocumentados, según el acuerdo mediante el cual la ciudad de Santa Mónica pagará unos $230 millones a 124 víctimas que habían presentado demandas separadas, se cree que más de 200 menores fueron abusados.
El sujeto cometió los abusos desde la década de los años ochenta y hasta el 2018, cuando fue arrestado bajo acusaciones de sobrepasarse con menores, pero quedó en libertad condicional.
Nadie ha podido explicar cómo fue posible que por casi 30 años Eric Uller abusara de los niños.
“Se trataba de menores de edad desatendidos que vivían en el vecindario de Pico en Santa Mónica. La mayoría de estos niños eran inmigrantes”, declaró el abogado Brian Claypool, quien representó a las víctimas.
El regidor Oscar de la Torre, miembro del concejo de gobierno de Santa Mónica, opinó que a la ciudad no le importó porque se trataba en muchos de los casos de menores morenos y en condiciones migratorias vulnerables.
De la Torre, sin responder a preguntas de La Opinión, se cuestionó para otro medio cómo fue posible que por tanto tiempo ocurrieron esos abusos.
“Tienes que entender en esta ciudad liberal, esta es una parte negra y morena de la ciudad, y nadie en el gobierno estaba cuidando a nuestros hijos. El barrio de Pico estaba marginado en esa época”, dijo el funcionario a Los Ángeles Times.
Además, Uller era fácilmente aceptado porque era voluntario de un programa extracurricular, o de actividades después de clases, de la policía de Santa Mónica para niños desde los 6 años de edad. Era voluntario de la Liga de Actividades Policiacas (PAL).
El abogado Claypool explicó que Uller circulaba por el vecindario de Pico a bordo de un vehículo que parecía patrulla, usaba a menudo a la vista una placa de la policía de Santa Mónica porque el programa para después de clases era de esa corporación del orden, y eventualmente dejaba a la vista su arma de fuego.
Quien dudaría de un policía que cuidaba niños, dejó entrever el abogado.
Ignoraron la denuncias
Por lo menos un niño inmigrante sí dudó –una de las víctimas que será compensada– y fue al departamento de policía de Santa Mónica y dijo a dos oficiales lo que hacía Uller. En respuesta los agentes regañaron al menor y amenazaron con deportar a sus padres, quienes eran indocumentados, si insistía, de acuerdo con el abogado.
Esa no fue la única vez en que Uller fue denunciado y las autoridades ignoraron las denuncias.
Una empleada del programa PAL hasta 1998, Michelle Cardiel, dijo alrededor de 1995 que un menor en el programa le platicó a ella que Uller se había “ofrecido a limpiarle su pene, porque su papá es doctor”.
La empleada lo platicó oficiales del sheriff, también a un policía que más tarde pasó al mismo programa, y a su administradora, pero nadie hizo algo al respecto.
De acuerdo con el abogado Claypool, Eric Uller aprovechaba que estaba en el programa post escolar en que dirigía actividades deportivas y de ejercicio físico para aprovecharse de los menores.
El padre de Uller era médico y tenía su propio consultorio. Cuando los niños querían participar en eventos deportivos, Uller les decía que como requisito tenían que hacerse un físico, pero en realidad no eran exámenes de condición física, sino que el hombre desnudaba a los menores y abusaba de ellos.
El único demandante con el que La Opinión pudo platicar por teléfono a condición de no relevar su información dijo que “como todo eso sucedió cuando yo era muy chico, sí me impactó mucho en la vida”.
El joven dijo “desearía que nunca nos hubiera pasado, ni a mí ni a los demás; deseo que nunca vuelva a pasar a nadie más”.
“Eric Uller recogía a los niños después de los partidos de baloncesto o de béisbol y los llevaba a comprar comida”, luego los llevaba a cada uno a sus casas, pero cuando solo quedaba “el último niño en el auto, se metía en un callejón y abusaba de ese niño”, dijo el abogado.
“Ese fue uno de sus modus operandi. Hizo esto durante más de una década. La ciudad nunca debería haber permitido que Uller recogiera niños”, declaró.
El consejo de gobierno de Santa Mónica dijo en un comunicado que “el acuerdo es el mejor esfuerzo de la ciudad para abordar el sufrimiento de las víctimas de manera responsable, al mismo tiempo que reconoce que el daño causado a las víctimas no se puede deshacer”.
Después de que Uller fue finalmente detenido en el 2018, y de que salió libre bajo fianza, el hombre fue encontrado muerto en su casa en Marina del Rey el mismo día en que tenía la audiencia en que se le informaba de su juicio.
