Tras las elecciones, el Congreso vuelve para su periodo final de sesiones y se alista para la posible aprobación de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de Casos Atrasados, presentada en octubre por el representante Tony Cárdenas (California).
El proyecto establece nuevos requisitos de informes para la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) para determinar las razones de las demoras en el procesamiento y encontrar posibles soluciones, a fin de reducir la acumulación de casos de inmigración.
Se estima que entre 2015 y 2020, USCIS tiene una acumulación de millones de casos, ya que pasaron de 3.2 a 5.8 millones, incluidas distintos tipos de visas, procesos de Green Card y naturalización, según la propia información de la agencia.
“La acumulación extrema de inmigración en USCIS está dejando a innumerables personas en el limbo”, dijo Cárdenas cuando presentó la ley. “Las familias en mi distrito y en todo el país esperan semanas, meses e incluso años sin una sola actualización de su caso y mucho menos una resolución”.
Aseguró que con esta ley, USCIS podría informar que los casos son manejados de manera justa y oportuna.
La acumulación de solicitudes pendientes en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha aumentado exponencialmente en los últimos años. El Congreso finalmente se está dando cuenta.
El American Immigration Council destacó la importancia de esta ley, al considerar que abordaría las largas demoras que enfrentan millones de inmigrantes que solicitaron un beneficio migratorio, pero no han recibido una respuesta.
“La Ley impondría estrictos requisitos de presentación de informes a USCIS, asegurando que la agencia informe al Congreso sobre la cantidad de casos pendientes y el tiempo promedio de procesamiento para cada tipo de beneficio de inmigración adjudicado”, destacó el abogado Raúl Pinto.
La reforma es apoyada por varias organizaciones civiles, incluida la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), que destacó que los 16,000 miembros de ese grupo representan casos de retrasos ante USCIS.
“Se han separado familias, las empresas han perdido empleados clave y las personas vulnerables continúan en peligro”, advirtió a finales de octubre Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA.
