Ciudad de Guatemala, 12 octubre (Diestra).- Guatemala cumplió este jueves 11 días sumida en una crisis política por los bloqueos de las carreteras que son rechazadas por grupos empresariales que han visto mermados sus ingresos, pero respaldados por los pueblos indígenas que reclaman el respeto a la democracia y la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras.
Fue dos días después de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)) del Ministerio Público (MP) que dirige Rafael Curruchiche, allanó y secuestró del Tribunal Supremo Electoral (TSE) más de 25.000 actas que las autoridades indígenas convocadas por 48 Cantones de Totonicapán decidieron tomar las carreteras para, según ellos, defender los resultados de las elecciones celebradas este año.
Antes, aseguran, habían agotado todas las instancias en las que presentaron acciones legales que no les han respondido, y aclaran que no están defendiendo a ningún partido ni al presidente electo, Bernardo Arévalo, quien, sin embargo, los anima a seguir con las protestas y que según el actual mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, es el responsable de la crisis.
Las protestas haan causado el desabastecimiento de los productos, el cierre de los mercados, la suspensión de las clases y más aún, la escalara de precios de los alimentos básicos, ya que los bloqueos han impedido el paso del transporte que desde el interior del país abastece a la capital.
En las redes sociales se ha visto cómo los comerciantes han tenido que tirar grandes cantidades de tomate, entre otros productos perecederos, en tanto en las gasolineras se registran inmensas colas de vehículos de dos y cuatro ruedas a la espera de conseguir combustible.
Ante ello, la Corte de Constitucionalidad (CC), que es la máxima instancia de justicia de Guatemala, emitió un fallo en el que ordenó el desbloqueo de las carreteras para permitir el acceso a los alimentos, la salud, la justicia, la seguridad y la paz, y que se restablezcan los derechos de locomoción de los guatemaltecos.
Pero al contrario de reducir la tensión con la presencia policial, las protestas se han agudizado y hacia la capital marchan sendas caravanas de indígenas desde el interior del país para asentarse en las afueras de la sede central del Ministerio Público.
PÉRDIDAS Y POSIBLES DESPIDOS
Algunos empresarios también han salido a reclamar por las pérdidas que están teniendo sus empresas al no poder trabajar y explican que los primeros 15 días del mes de octubre serán cancelados a sus empleados, pero advierten que si no terminan las protestas, tendrán que despedir a sus trabajadores porque no están generando ingresos.
Por ejemplo, los ganaderos hicieron un llamamiento al presidente Giammattei para que adopte todas las medidas que sean necesarias para acabar con la crisis.
Los exportadores, por su lado, afirmaron que en 10 días el país dejó de exportar unos 2.290 millones de quetzales en productos (unos 292,34 millones de dólares), pero también se dejaron importar mercancías por 7.270 millones de quetzales (959,18 millones de dólares).
Y el Ministerio Público dirigido por María Consuelo Porras exigió al Gobierno despejar las carreteras y sus instalaciones en apego al fallo de la CC, pero hasta ahora las autoridades han privilegiado el diálogo y conseguido que los manifestantes dejen circular al transporte que lleva alimentos, combustibles y a trabajadores de la salud.
Esta es la primera y más grande crisis que afronta el presidente Giammattei, a quien le faltan tres meses para entregar el poder ell 14 de enero de 2024 a Arévalo, para un periodo de cuatro años.
La mediación solicitada a la Organización de Estados Americanos (OEA) por el mandatario aún no da frutos pese a que llevan cuatro días en el país. «Sentemos a dialogar» le dijo esta semana Giammattei a Aréalo yle exhortó, además, a que pida una tregua a los manifestantes mientras se encuentra la solución.
Sin embargo, las autoridades indígenas expresan que sus demandas son «innegociables» e insisten en la renuncia de la fiscal general, de Curruchiche y del juez Fredy Orellana, por considerar que son quienes atentan contra el sistema democrático guatemalteco.
