El asambleísta Evan Low, un demócrata de Silicon Valley, presentó una resolución en la que pide una revisión del papel de DeSantis en el envío a Sacramento en junio pasado de tres docenas de inmigrantes latinoamericanos, la mayoría recogidos en El Paso, Texas.
Según la medida, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) debería intervenir para investigar el plan ejecutado por Florida y llama a DeSantis a “responsabilizarse e investigarse por la naturaleza criminal del Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados de Florida”.
“Mentir y engañar a seres humanos que solo intentan sobrevivir y mantener a sus familias para transportarlos sin saberlo a California, con el propósito de obtener puntos políticos baratos, es inconcebible”, afirmó Low en un comunicado.
En meses recientes, legisladores republicanos de Florida ampliaron la financiación del programa a través de un amplio paquete contra la inmigración ilegal dotado de 12 millones de dólares.
El legislador californiano lanzó fuertes críticas contra DeSantis. En cambio, exaltó al gobernador de California, Gavin Newsom, al fiscal general de California, Rob Bonta, y al alguacil de Texas, Javier Salazar, por lo que considera su “acción rápida” para retar el programa.
Salazar inició una investigación el año pasado después de que personal contratado por Florida recogió a 49 personas que cruzaron la frontera en Texas y después fueron reubicadas en la isla de Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Por su parte, Bonta acometió otra pesquisa relacionada con el traslado de 36 inmigrantes a Sacramento.
Entretanto, Newsom, Bonta y Salazar escribieron el 6 de julio una carta conjunta al fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, en la que solicitan una acción federal.
La postura asumida por funcionarios de California es respaldada por más de dos docenas de legisladores estatales demócratas en Florida, quienes hicieron un llamado similar al DOJ y al Departamento de Transporte de EEUU.
DeSantis ha defendido el programa como una forma de obligar a los gobiernos estatales y locales demócratas a enfrentar las realidades de las políticas de inmigración del presidente Joe Biden, que estima “muy permisivas” y generadoras de un “caos” para el país.
