Ciudad de Guatemala, 26 octubre (Diestra).- En medio de una crisis política generada por la intención del Ministerio Público (MP) de revertir los resultados de las elecciones celebradas este año en Guatemala y que han provocado protestas y bloqueos de carreteras desde el 2 de octubre, este jueves la magistrada Blanca Alfaro asumió la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En pleno proceso electoral, Blanca Odilia Alfaro Guerra anunció que iba a renunciar a su cargo de magistrada. «Estoy haciendo un evaluación personal y platicando con mi familia» dijo el 20 de agosto cuando se celebraba el balotaje en el que resultó electo como presidente para el periodo 2024-2928 el progresista Bernardo Arévalo.
Dos meses después, Alfaro está al frente de un TSE que ha sido cuestionado por los conservadores y allanado varias veces por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público por denuncias de supuestas anomalías en el proceso electoral, entre otros asuntos.
El TSE explicó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que la toma de posesión de la magistrada como nueva presidenta del TSE en sustitución de Irma Palencia, a quien le tocó dirigir todo el proceso de los comicios desde enero hasta la fecha, se registró en un acto privado en la sede de la institución y estará en el puesto en el periodo 2023-2024.
LOS RETOS
Como nueva presidenta del Tribunal Electoral, Alfaro tiene varios retos que afrontar. Uno de ellos, como lo explicó en sus primeras declaraciones al frente de la institución, es analizar con sus colegas y fiscales de los partidos políticos la posibilidad de ampliar al plazo del periodo electoral que termina este 31 de octubre.
Algunos colectivos y sectores sociales han sugerido que se amplíe hasta e 14 de enero del próximo año para garantizar que los guatemaltecos que fueron electos en los comicios generales del 25 de junio pasado y el binomio vencedor en el balotaje del 20 de agosto, puedan asumir los cargos.
La magistrada comentó que su plan de trabajo para la presidencia del TSE se enmarcará en la austeridad del gasto, tomando en cuenta que el presupuesto asignado al Tribunal no supera los 215 millones de quetzales (unos 27,85 millones de dólares).
Otros de los asuntos que tiene que atender Alfaro son las investigaciones que mantiene el MP en contra de la institución, a la que le han pedido información sobre la compra del programa informático para las elecciones, así como el secuestro de las actas electorales que realizó a finales de septiembre pasado la FECI en busca de pruebas de un supuesto fraude.
Las poblaciones indígenas guatemaltecas iniciaron con protestas y bloqueos de carreteras el 2 de octubre para exigir la renuncia de la fiscal general por su intervención en el proceso electoral, lo cual según denuncias, busca impedir la investidura de Arévalo como nuevo presidente del país.
Luego de 21 días de bloqueos, los manifestantes dieron una tregua de tres días pero han vuelto con las medidas, aunque hasta ahora solo tienen siete en la ruta Interamericana, la cual está causando problemas a la locomoción del transporte por esas regiones del oeste de Guatemala.
