Foto. brujula.com.gt
Ciudad de Guatemala, 13 mayo (Diestra).- Un estudio divulgado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) señala que en Guatemala seis de cada diez jóvenes viven a nivel nacional en condiciones de pobreza moneterial, sin acceso a la salud y la educación.
En su informe denominado «Rejuvenecer Guatemala» y realizado en alianza con Plan International y Paz Joven, la institución priivada regional asegura que 8 de cada 10 jóvenes indígenas sobreviven en condiciones de pobreza, en tanto que en el área rural la pobreza moneteria afecta a 3 de cada 4 jóvenes.
De acuerdo con el Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala (IPM-GT), elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), seis de cada diez jóvenes han sido privados del acceso a la salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda adecuada, entre otros elementos básicos para su desarrollo, con significativas diferencias entre territorios.
Los embarazos en adolescentes y jóvenes y la maternidad temprana constituyen un problema social y sanitario que afecta a miles de mujeres, poniendo en riesgo su salud, comprometiendo sus oportunidades de acceder a la educación y a trabajos decentes, lo que altera profundamente sus proyectos de vida, advierte.
El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), señala que entre 2015 y 2020 se registraron 607.176 embarazos en adolescentes y jóvenes de 13 a 19 años.
Las juventudes históricamente han constituido el mayor agente de cambio en las sociedades que han logrado altos niveles de desarrollo tanto por su disposición a comprometerse con causas colectivas como por sus ánimos y voluntad en favor de la justicia, su capacidad para fomentar y adaptarse a los cambios tecnológicos y su actitud para el trabajo, el arte y la cultura, explica el estudio.
La sociedad guatemalteca cuenta con el enorme e irrepetible privilegio de su juventud: una de cada tres personas tiene entre 13 y 29 años, es decir, son 5.7 millones de adolescentes y jóvenes.
Sin embargo, el diagnóstico sobre su situación socioeconómica revela que su bienestar continúa dependiendo principalmente de la suerte familiar, lo que se correlaciona con la desigualdad y la exclusión social.
Además, sus experiencias de vida suelen estar marcadas por un contexto social que incluye: violencias, racismo, machismo y una falta cotidiana de acceso a oportunidades formales de empleo y de acceso a la capacitación y educación formal.
También se enfrentan a la estigmatización social (por género o por lugar de residencia), a la poca o nula protección social (acceso a la seguridad social), y a la dificultad por conseguir acceso a una salud sexual y reproductiva integral y oportuna, entre otros aspectos que marcarán para siempre sus vidas.
Según el ICEFI, en cuanto al trabajo, únicamente tres de cada diez jóvenes ocupados tienen algunas de las garantías laborales básicas —un contrato de trabajo, bonificación anual para trabajadores (bono 14) y aguinaldo—.
Sin embargo, solamente dos están afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). El 32,6% de los jóvenes se ocupa en la agricultura o ganadería, mientras un 27.7% lo hace en el comercio, estas dos actividades ocupan a seis de cada diez jóvenes, subiendo a casi ocho para el rango de 13 a 15 años. Asimismo, se observa que uno de cada cuatro jóvenes, de entre 13 y 15 años, se encuentra económicamente activo e insertado de manera temprana en el mercado laboral.
Otro elemento revelador del trabajo, remunerado y no remunerado, es que el 35,6% de las mujeres jóvenes realizan o buscan realizar actividades que les permitan generar ingresos monetarios.
En contraste, el 69,5% de las mujeres jóvenes, que no están económicamente activas, tienen como actividad principal el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo cual evidencia la desigualdad en la distribución de estas labores, que recaen principalmente en ellas.
En el plano fiscal, el estudio es innovador para Guatemala al estimar la inversión pública en la juventud (Ipjuve) ejecutada por el Gobierno Central y las entidades descentralizadas, entre 2015 y 2021, es limitada e insuficiente, representando en promedio el 2,4% del PIB (Producto Interno Bruto).
A su vez, se observó que, en promedio el gobierno guatemalteco destinó de forma diaria a cada joven un monto 6,52 quetzales (lo que representa 75 centavos de dólar diarios), monto que a todas luces insuficiente para producir los bienes y servicios públicos necesarios para el desarrollo y bienestar de la juventud.
De cada 100 quetzales del gasto público total, en promedio, sólo 16 quetzlaes se destinan a intervenciones para las juventudes, muchas de las cuales son de forma indirecta y se concentran en educación (41.0%), principalmente educación universitaria, básica y primaria, quedando en un papel menos protagónico la educación diversificada y la capacitación; otro 24% es para programas de salud, mientras un 16,2% se ha destinado a servicios de seguridad y justicia.
La ciudadanía guatemalteca debe estar consciente de que Guatemala no siempre será un país de jóvenes, y lo que se haga hoy para promover y proteger la vida y las diversas aspiraciones de cada uno de ellos repercutirá en el futuro inmediato, no solo en la plenitud de su existencia individual, sino que constituirá la mayor apuesta social para la paz, la cohesión, el desarrollo y la democracia de Guatemala, dijo.
